/* Amicus Iuris*/

La asociación jurídica Amicus Iuris ha emprendido la búsqueda de nuevos miembros, para lo cual hemos abierto diversas plazas en todas nuestras áreas de redacción. Si estás interesado en contribuir a la ciencia jurídica, expresar tus opiniones y participar de nuestros diversos centros, ésta es tu oportunidad.

En los últimos días, hemos podido ser testigos de una serie de denuncias de negligencia médica que se incrementaron notoriamente tras el nefasto caso de un anciano a quien le fue amputada la pierna sana en un hospital de la seguridad social, terminando finalmente sin las dos piernas.

Así alrededor del caso Jorge Villanueva, salieron a la luz cinco nuevos casos de presunta negligencia médica; entre dichos casos se encuentra el de Emiliana Bazán, de 72 años, quien perdió las dos piernas y un brazo, por una infección generalizada, contraída al ser operada de un prolapso uterino en el hospital Sabogal, el mismo de la desgracia de Jorge Villanueva; otro caso es el de Bertha Otone, de 38 años, quien acabó con muerte cerebral por un paro cardíaco sufrido durante una operación de reducción del estómago para combatir su obesidad mórbida, coincidentemente en el mismo centro asistencial.

Afortunado caso es el de Edward Mahr quien denunció que escapó, gracias a recomendaciones de otros médicos, de la amputación del pie derecho decidida por médicos del hospital Sabogal, y se curó favorablemente con medicinas. Frente a todos estos hechos naturalmente indignantes, el director del hospital Sabogal del Callao, José Arriola, aseguró que no todas las complicaciones en las salas de operaciones representan necesariamente negligencias médicas, manifestando que en ese centro se realizan 22 mil intervenciones quirúrgicas cada año, y en su gran mayoría exitosas.

Al respecto es interesante la opinión vertida por el presidente de Poder Judicial, Javier Villa Stein, quien pidió la intervención de Criminalística, manifestando que “pareciera que hay aquí una mano dolosa o psiquiátrica. Una estereotipia de comportamiento que puede ser sicopatológica. Tiene que investigarlo Criminalística. Es un tema policial. No son accidentes o de negligencia. Pareciera que hay aquí una mano dolosa o siquiátrica, que está actuando de esta forma. Podríamos estar frente a una especie de mutilador en serie escondido y no ha sido detectado. Esta es una oportunidad para investigar qué está ocurriendo, porque puede tratarse de un mutilador en serie que está suelto ahí”.

Particularmente compartimos y consideramos acertada la opinión del Dr. Villa Stein y es que al existir coincidentes casos de amputaciones y supuestas negligencias precisamente en el mismo Hospital- Hospital Alberto Sabogal del Callao, es imperioso que se inicie inmediatamente una investigación de Criminalística, a fin de determinar si fueron o no verdaderamente supuestos de negligencias médicas o estamos frente a un caso de actuaciones dolosas, resultados que dependerán básicamente de las actuaciones preliminares que realice la Fiscalía y la Policía Nacional.

LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA

El tercer efecto de la anticoncepción oral de emergencia y sus repercusiones en el ordenamiento jurídico peruano

Uno de los temas que mayor debate ha generado en el Perú, ha sido la decisión del Gobierno de incluir las denominadas píldoras del día siguiente o anticonceptivos orales de emergencia (AOE) dentro de la política nacional del programa de planificación familiar . Esta discusión continúa abierta. Hasta hoy no obtenemos una respuesta concreta sobre los mecanismos de acción de esta píldora en la ciencia médica, de si realmente previene el embarazo o si es abortiva. Sin embargo, el Estado peruano sigue aplicando la política de planificación familiar que incluye el reparto de la AOE.

Aquí surge el problema, pues no se ha dado a conocer de manera pública y transparente, los estudios científicos en base a los cuales se demuestre que esta no provoca el aborto. El debate en torno a la AOE está centrado en la capacidad de este tipo de sustancias químicas de actuar mediante un mecanismo antianidatorio o antiimplantatorio, el mismo que convierte a este tipo de fármacos en abortivos, dado que tendría la capacidad de impedir la implantación del embrión humano en el endometrio, causando así la muerte de un concebido.

Este tercer posible mecanismo es el que desató la polémica en Perú porque la Constitución protege al ser humano desde la concepción (Capítulo I, Art.2) y no desde la implantación . En este sentido, nuestra norma fundamental protege la vida humana desde el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide (concepción). Entonces, cabe preguntarnos: ¿por qué difundir la AOE si no se tiene la certeza de que sólo actúa para prevenir el embarazo antes de que ya exista una vida humana? ¿Acaso mediante su tercer efecto no elimina el óvulo fecundado?

Para dilucidar este tema es necesario determinar en qué momento se inicia la vida humana, si el embrión o concebido es persona y analizar si la AOE produce su tercer efecto abortivo.

La publicación del presente artículo ha sido cordialmente autorizada por su autor , desde aquí nuestro agradecimiento al doctor Barrón por compartir su trabajo con nosotros.

La reciente publicación de la Resolución Ministerial 040-2010/MINSA –que obliga a todos los actores de la industria farmacéutica, especialmente a las boticas y cadenas de farmacias, a brindar información detallada de los precios de los medicamentos que ofrecen al usuario final- comprueba el hecho de que las épocas preelectorales son sumamente peligrosas para la estabilidad jurídica del Perú.

Con una democracia poco desarrollada y poderes públicos que aprovechan en su beneficio la ausencia de control por parte de la sociedad civil organizada, debemos estar especialmente alertas a los intentos regulatorios y controlistas del Gobierno con propósitos electorales.

La consistente y permanente campaña políticamente rentable contra el sector farmacéutico que ha iniciado desde tiempo atrás el Gobierno -sea directamente o a través de sus distintos organismos descentralizados- hacen que seamos sumamente suspicaces al momento de analizar, en este contexto, las conductas de nuestros gobernantes, expresadas a través de decisiones cuestionables.

Semanas antes de que acabe el 2009, vimos a nuestro ministro de Salud paseándose por farmacias de la capital, exigiendo en auxilio de los consumidores no solo ver las listas de precios, sino que estas además figuren impresas en el exterior de cada punto de venta, ya que a su no comprobado buen saber y entender “las farmacias ganan por todos lados”.

La obligación de colocar listas de precios en el exterior de –por ejemplo- los locales de expendio de comida, bebidas y otros, tiene su razón de ser, en mostrar oportunamente su oferta y costos al potencial cliente para evitar el desagradable trance de tener que levantarse de la mesa por no coincidir su capacidad adquisitiva con los precios de la carta o por no coincidir su gusto gastronómico con la misma.

Pero pretender extender esta obligación a los locales farmacéuticos resulta irrazonable. No solo porque la cantidad de productos ofertados en un solo local -que se encuentra en un rango de 4,000 a 7,000- hace absolutamente impracticable esta posibilidad, sino que tratándose de una venta de mostrador, el consumidor no debería temer si al ser informado del precio, el mismo no responde a sus expectativas o a su bolsillo, teniendo una oferta variada respecto del mismo producto fungible.

A lo largo de la semana he escuchado al vice presidente de ASPEC (Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios), Crisólogo Cáceres y a la congresista Alda Lazo, miembro de la Comisión de Defensa del Congreso de la República, resaltar las bondades del nuevo Código de Consumo, norma que actualmente es revisada por una comisión especial del congreso; al respecto, comentaré las críticas realizadas al consumidor diligente en las declaraciones mencionadas.

Los defensores del Código de Consumo tienen como carta de presentación una dura crítica hacia el concepto de “consumidor diligente” ¿Qué pasa con el consumidor diligente? Según ASPEC, este consumidor no existe, al menos no en nuestro país, donde el consumidor promedio es uno extremamente confiado y apurado, quien toma sus decisiones a la ligera y casi siempre es llevado por la publicidad; la cual, para el respetado doctor de ASPEC, en nuestro país es un demonio, que atrapa al consumidor y lo vuelve indefenso. Bajo esta perspectiva, sería necesario que se elimine la palabra diligente o razonable de nuestra legislación en pro de salvaguardar a los consumidores de los abusos del malvado empresario, quien está siempre atento para engañar y abusar del débil.

Cuestionables declaraciones las de ASPEC, asociación que respeto; sin embargo, creo está dejándose llevar por la emoción y algarabía de una promesa política, totalmente fuera de lugar, realizada por nuestro presidente el día 28 de Julio del año pasado. La finalidad de la propuesta es bastante obvia, es una promesa presidencial dirigida a crear cierta satisfacción y esperanza en todo aquel que se considere consumidor -creo que todos-, quién a partir de la vigencia del código ya no se vería engañado ni perjudicado por algún mal servicio o producto defectuoso. Claramente tenía que venir de un político.

Es cierto que existen muchos abusos al consumidor en nuestro país, para muestra un botón: La gran carga procesal de la Comisión del INDECOPI, encargada de resolver estos problemas. Sin embargo, también existe una legislación para estos problemas -a mi parecer eficiente-, me refiero al TUO de la Ley de Protección al Consumidor. Usted se podría preguntar: si ya tenemos una ley ¿Por qué los abusos persisten? , he aquí el detalle, por muchas razones, celeridad procesal en la administración pública encargada (falta de personal), falta de educación al consumidor y hasta el malestar causado por la imposibilidad de conseguir una indemnización al término del proceso administrativo. Problemas que no serán resueltos tan fácilmente con un Código de Consumo.

Es aquí donde discrepo con ASPEC, la cual ha mencionado que Perú necesita educar al consumidor , ¡Gran verdad!; sin embargo, esto no lo lograremos protegiéndolo hasta los dientes con hojas de reclamos (tampoco son malas), sino requiriéndoles cierto grado de diligencia en sus consumos, que no debe ser exagerado sino proporcional al servicio o producto que va a contratar. Por lo tanto el consumidor que se sienta demasiado protegido y poderoso no será necesariamente el consumidor responsable que petendemos formar.

Por otro lado, es cierto que existen empresas abusivas que brindan un pésimo servicio, ¿Cuál es la solución? No acudamos más a dichas empresas, ¡Vamos! el único caso en que una empresa abuse de nosotros sin que podamos hacer nada al respecto, es en un monopolio, pero no en todos los sectores tenemos esa situación. Para los casos de engaño y falta de información ya tenemos una ley.

No olvidemos que nuestro mercado es libre, regido por la oferta y la demanda, no es un infierno donde los empresarios abusan de nosotros. Creo ya tenemos una respuesta a nuestros problemas cuando alguna empresa pretende abusar de nosotros, proporcionádonos un producto que no cumple con lo que se publicitó, recargando montos mayores a los informados, disminuyendo el tamaño de la letra en los contratos, etc.

Desde el punto de vista ecónomico, proteger al consumidor “ordinario”, palabra que utilizan algunos para referirse al consumidor “no diligente”, significa trasladar los costos de la irresponsabilidad de “algunos” al empresariado o al Estado. Es deducible que ante este panorama los empresarios no van a asumir los costos del gran número de denuncias de consumidores irresponsables, sino que dividirán dichos costos entre todos sus clientes (diligentes o no). El consumidor irresponsable siempre estará insatisfecho y la experiencia nos ha enseñado que un Estado paternalista no funciona.

El actual presidente de Honduras Porfirio Lobo prometió al presidente constitucional de Honduras- Manuel Zelaya otorgale un salvoconducto para viajar a República Dominicana. La CNN entrevistó ayer al Presidente de República Dominicana Leonel Fernandez preguntando como se realizaría la llegada de Manuel Zelaya a su país, el mandatario explicó que con el Presidente de facto se ha firmado un acuerdo denominado: Acuerdo para la Reconstrucción Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras, a través del mismo Zelaya, su familia y amigos mas íntimos podrán viajar a la República Dominicana en calidad de huéspedes distinguidos.

De esta forma el salvoconducto permitirá a Manuel Zelaya en compañia del Presidente Leonel Fernandez trasladarse el mismo 27 de enero a República Dominicana, a partir de allí Zelaya tendrá la libertad de viajar a otra nación si así lo desea. Según lo señalado por Fernandez, Manuel Zelaya estaría muy interesado en viajar después a México.

*Salvoconducto: documento expedido por el país donde se produce el asilo, que permite al asilado salir libremente del territorio donde se encuentra.

La OIT en el documento denominado “Panorama Laboral 2009” señala que la remuneración mínima vital en el Perú –que hoy en día asciende a 550 nuevos soles-, es de manera general una de las más bajas en América Latina.

Más allá de cálculos matemáticos que no pretendemos hacer, nos enfocaremos en preguntarnos de manera central: ¿En un país que va rumbo al primer mundo y con la tan ansiada “consolidación económica nacional”, es factible que se cubra la canasta familiar con 550 nuevos soles al mes?

Esto aunado a que ya es sabido que aún en el Perú la informalidad laboral y el desempleo son los problemas más graves que nos afectan, y que muchísimos peruanos ganan mucho menos de la RMV.
Si supuestamente crecemos año a año, ¿Qué sucede con la remuneración mínima vital? ¿O los precios siguen siendo los mismos de hace 5 años atrás? Ciertamente somos conscientes que la canasta familiar básica no le cuesta al peruano 550 nuevos soles, y hasta la OIT se puede dar cuenta de eso…. ¿Qué sucede entonces con los gobiernos de turno que al parecer no han propuesto planes concretos para aumentar la remuneración mínima vital?

El Consejo de Trabajo acordó en virtud al convenio 131 de la OIT graduar la remuneración mínima vital, ¿Y que pasó? … Nada.
Es cierto que todo forma parte de un plan de desarrollo económico a fin de no producir desequilibrios en la economía nacional, tampoco se exige que se solucione el problema de un día para el otro aumentando al doble o al triple la remuneración mínima sin sustento alguno sólo con el fin de satisfacer las masas, sin embargo, y como se señaló el 2009 fue un año de crisis y no se pudo aumentar la Remuneración Mínima Vital según el Estado, ¿Entonces por qué se insiste en que somos un país con miras al primer mundo, y lo más ridículo en un corto plazo? Es ilógico contar con una remuneración mínima de 550 nuevos soles y vivir ante un “gran desarrollo a pasos agigantados”, y que los países de Latinoamérica nos envidian por nuestro desarrollo…

Para mayor información pueden revisar el texto completo de “Panorama Laboral 2009”, en http://oit.org.pe/WDMS/bib/publ/panorama/panorama09.pdf
Y además un artículo a manera de resumen:
http://www.rpp.com.pe/2010-01-12-oit-recomienda-elevar-salario-minimo-en-peru-afirman-noticia_234842.html

SOBRE EL RECIENTE ATENTADO A CHAN CHAN

Freddy Ronald Centurión González
Estudiante de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

“Embrutecidos los hombres por todas las ignorancias, se entregan víctimas de la miseria y de la inmortalidad a toda clase de crímenes, y ni siquiera piensan en defender derechos cuya importancia no saben comprender”.

El Perú, sabemos bien todos los que amamos a nuestra Patria pese a todos sus problemas, ha tenido una rica evolución cultural, de tal forma que los peruanos actuales hemos recibido un gran legado cultural de nuestros antepasados, tanto material como inmaterial. Toda esta herencia cultural nos permite comprender quiénes somos, de dónde venimos, contribuyendo así a la forja de la identidad nacional. Estos vestigios conforman el Patrimonio Cultural de la Nación.

Según el artículo 21° de la Constitución Política del Perú, el Patrimonio Cultural incluye a “los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales”, independientemente de su propiedad pública o privada, siendo protegido por el Estado, precisamente por el hecho de que al ser herencia de nuestro pasado, se trata mayormente de bienes singulares y no renovables. Esta definición es reforzada en la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, en sus artículos II y III.

Al ser muy vasto y diverso, es un deber de todos los peruanos el proteger nuestro Patrimonio Cultural, un deber que si bien no está establecido formalmente en la Constitución, se desprende de la lectura de su artículo 38°, que afirma que “todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales”.

Dudo mucho que alguno de los lectores desconozca la importancia histórica que revisten las ruinas de Chan Chan, no sólo por ser la capital de la cultura Chimú, que se desarrolló en la costa norte del Perú hacia los siglos XII al XV de nuestra era, sino por ser la primera ciudad de barro en nuestro continente, al tener un área aproximada de casi 20 kilómetros cuadrados, por lo que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, hallándose también, por desgracia, en la Lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro.

Es por eso, que la opinión pública se indignó al enterarse del acto cometido por un grupo de adolescentes desadaptados de un colegio de Los Olivos, que en su viaje de promoción a Trujillo, causaron daños en la Huaca del Dragón, en el complejo arqueológico de Chan Chan, incentivados y filmados por otro joven inadaptado, que impostaba acento español. No contentos con tal acto que ofende a todos los peruanos, colgaron un video de su ‘hazaña’ en el conocido sitio web Youtube..

Personalmente, tales actos nos causan pena, por haber sido jóvenes peruanos quienes han cometido tales afrentas a nuestro Patrimonio Cultural, por lo que no podemos menos que preguntarnos: ¿cómo es posible que jóvenes peruanos estén dañando su propia herencia cultural?, ¿cómo se están formando a nuestros futuros ciudadanos? No olvidemos que según el artículo 15°, inciso d) del Código de los Niños y Adolescentes, el Estado debe garantizar, dentro de la educación básica, “el respeto a sus padres, a su propia identidad cultural, su idioma, a los valores nacionales y de los pueblos y culturas distintas de la suya”. Además, el artículo 24°, inciso g) de la misma norma, recoge el deber de los niños y adolescentes de “respetar las leyes, a la patria, sus símbolos y héroes”.

Las redes sociales como Facebook, My Space y tantas otras, que entre sus aplicaciones tienen juegos en red, generan preocupación y malestar a nivel empresarial, pues al observar la caída en los resultados de producción- y sus causas-, se encuentra que gran cantidad del tiempo de los trabajadores se distrae en los juegos de las redes sociales, en las que no es necesario estar on line para jugarlos.

Según un reciente sondeo llevado a cabo por las Cámaras de Comercio e Industria de India, alrededor del 12,5% de la productividad en el sector corporativo se desaprovecha cada día por sitios de redes sociales.

Esta nueva forma relacionarse socialmente influye de forma negativa en la productividad de la empresa, ¿la solución? Bloquear estas aplicaciones para redirigir la atención de los trabajadores a sus actividades, podría ser una buena alternativa.

Hace algunas hoas (08:07 pm) se publicó en diversos medios web que el legislativo de la ciudad de México acaba de aprobar con 39 votos a favor, 20 votos en contra y 5 abstenciones, la legalización de las bodas entre homosexuales.

Al respecto, en México es sabido que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la mayoría es izquierdista y por tanto se logró tal aprobación con mayoría de votos; sin embargo, cabe señalar que si bien esta aprobación a nivel legislativo que reforma el Código Civil Mexicano, aún le falta la promulgación por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tal promulgación se encuentra como muy probable debido a que –señalan medios mexicanos- que el Jefe de Gobierno ya ha dado visto bueno a varios proyectos considerados como “progresistas”.

Asimismo, la Iglesia Católica mexicana ha manifestado su total rechazo ante esta concretización desde que fue iniciativa; no obstante, los grupos izquierdistas –al parecer- han logrado imponerse en el legislativo de la capital mexicana, logrando dentro de poco –muy probablemente- convertirse en la primera ciudad latinoamericana en legalizar los matrimonios entre homosexuales. Con ello quedaría sin efecto la denominación del matrimonio como “unión libre entre un hombre y una mujer, para convertirse en –su literal denominación-: unión libre entre ¿dos personas?