/* Amicus Iuris*/

Un tema de actual debate en todas partes del mundo, es acerca de la despenalización del aborto como una garantía que legitima a la mujer para poder ejercer su derecho a libertad reproductiva, que implica un supuesto “derecho a abortar”.

El 14 de noviembre del 2008 en la ciudad de Montevideo, el Señor Presidente de la Asamblea General de Uruguay, Tabaré Vásquez, se dirige a ese Cuerpo en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 137 y siguientes de la Constitución uruguaya a efectos de observar los Capítulos II, III y IV, artículos 7 a 20, del proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con la salud sexual y reproductiva sancionado por el Poder Legislativo.

Se observan en forma total por razones de constitucionalidad y conveniencia las citadas disposiciones por los fundamentos que se exponen a continuación:

Hay consenso en que el aborto es un mal social que se debe evitar. Sin embargo, en ciertos países en donde se ha liberalizado el aborto, éste ha aumentado. Así tenemos que en Estados Unidos, durante los primeros diez años se triplicó y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló. De igual manera sucedió en España.

El presidente de Uruguay, médico cirujano, afirma que: “La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia médica. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, ponen en evidencia que desde el momento de la concepción hay una nueva vida humana, un nuevo ser”.

Recalca además que el verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo protegemos a los más necesitados. Por ello, “se debe proteger más a los más débiles”, en este caso al concebido. Puesto que el criterio general no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los demás, o la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera existencia.

La ley de despenalización del aborto afecta el orden constitucional (artículos 7º, 8º, 36º, 40º, 41º, 42º, 44º, 72º y 332º) y compromisos asumidos por nuestro país en Tratados Internacionales, entre otros el Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por la ley Nº 15.737 del 8 de marzo de 1985 y la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Ley Nº 16.137 del 28 de septiembre de 1990.

En efecto, disposiciones como el artículo 42 de la Carta uruguaya, que obliga expresamente a proteger a la maternidad, y el Pacto de San José de Costa Rica, convertido además en ley interna como manera de reafirmar su adhesión a la protección y vigencia de los derechos humanos, contiene disposiciones expresas, como su artículo 2º y 4º, que obligan a todo país suscrito a “proteger la vida del ser humano desde su concepción”, otorgándole además el status de persona.

Si bien es cierto, una ley puede ser derogada por otra ley, no sucede lo mismo con los Tratados Internacionales, que no pueden ser derogados por una ley interna posterior, esto contravendría toda coherencia normativa. Si Uruguay quiere seguir una línea jurídico-política diferente a la que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, debería denunciarla (Art. 78 de la mencionada Convención).

Por otra parte, al regular la objeción de conciencia de modo deficiente, el proyecto aprobado genera una fuente de discriminación injusta hacia aquellos médicos que entienden que su conciencia les impide realizar abortos. Este texto también afecta la libertad de empresa y de asociación, cuando impone a instituciones médicas con estatutos aprobados, y que vienen funcionando desde hace más de cien años en algún caso, a realizar abortos, contrariando expresamente sus principios fundacionales.

El proyecto, además, califica erróneamente y de manera forzada, contra el sentido común, el aborto como acto médico, desconociendo declaraciones internacionales como las de Helsinki y Tokyo, que han sido asumidas en el ámbito del Mercosur, que vienen siendo objeto de internalización expresa en Uruguay desde 1996 y que son reflejo de los principios de la medicina hipocrática que caracterizan al médico por actuar a favor de la vida y de la integridad física.

Por último, el Presidente uruguayo afirmó que: “De acuerdo a la idiosincrasia del pueblo, es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de elegir otras vías y, de esta forma, salvar a los dos. Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socio-económica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto”.

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