/* Amicus Iuris*/

El presente comentario ha sido elaborado por la estudiante de derecho Milagros O. Celis , la cual fué invitada por el área de edición de Amicus Iuris a participar en nuestra revista como colaboradora por una semana. Anímate y envíanos tu artículo

El artículo 9º del Código de Ética del Poder Judicial literalmente señala: “El Juez debe comportarse con el decoro y respetabilidad que corresponden a su alta investidura. En particular, el Juez debe evitar: Aceptar invitaciones de personas que tienen intereses creados respecto de alguna decisión a su cargo; y tampoco de abogados que ejercen en asuntos bajo su jurisdicción (…)” Pero, para nuestros representantes del poder judicial y legislativo, cuando se trata de invitaciones pagadas a Francia, Estados Unidos, o algún otro país de Europa o América esto es simplemente inevitable.

En los últimos dos años se ha generado, nuevamente, un debate mediático en torno a la eficiencia y utilidad que tiene tanto el Sistema Judicial peruano, como la idoneidad de sus principales operadores. Eventos como el caso Magaly Medina, los petroaudios del 2008, la Sentencia de primera instancia del ex presidente Alberto Fujimori y la absolución de presuntos culpables por diversos delitos al interior del país en el 2009, han desencadenado en los medios de comunicación masiva, y en el público en general aquella discusión sobre la viabilidad, transparencia e independencia del Poder Judicial.

Los recientes acontecimientos muestran, que al parecer la corrupción está apoderándose nuevamente del Poder Judicial y el fenómeno parece extenderse hasta las Salas de Palacio y a las esferas del gobierno; pero ¿Qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que nuestros binomios justicia-democracia y verdad-transparencia, que sólo existen en teoría, en la práctica han desaparecido. Y esto como consecuencia de las escandalosas noticias de ya hace unas semanas, las mismas que al inicio involucraban a dos de los magistrados de la Corte Suprema, pero cuya extensión ha logrado alcanzar, en estos días, a los miembros del congreso.

El pasado 09 de noviembre, el Consejo Nacional de la Magistratura, a través de su Comisión de Procesos Disciplinarios, convino en abrir investigación indagatoria a los Vocales Supremos Francisco Távara Córdova y Jorge Solis Espinoza. De esta manera un nuevo escándalo se expandía en los corredores del poder judicial. La denuncia apareció en los diarios La República y La Primera, y esto no era más que el inicio de una serie de sucesos, que en el transcurrir de la semana, pondrían al descubiertos los escandalosos viajes pedagógicos, no sólo de nuestros magistrados, sino también de algunos congresistas representantes del partido de turno, los cuales empezaban a aparecer en este penoso escenario.

Según reveló el diario La República, el viaje no generó gasto alguno al Poder Judicial y no habría mayor inconveniente si no fuera por el pequeño detalle de que dicha universidad, su conglomerado de empresas y su rector, Fidel Ramírez Prado, son litigantes, en más de un centenar de procesos judiciales. Vaya coincidencia.

Hoy, los actos de corrupción que pueden endilgarse a algunos magistrados resultan realmente preocupantes, y aún cuando éstos se vuelven cada vez más frecuentes, hasta el momento no existe ninguna forma clara de solución. En tal sentido, resulta necesario a mi parecer armar un modelo de enjuiciamiento político bajo reglas claras de modo que complemente con los controles disciplinarios ya existentes.

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