/* Amicus Iuris*/

A lo largo de la semana he escuchado al vice presidente de ASPEC (Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios), Crisólogo Cáceres y a la congresista Alda Lazo, miembro de la Comisión de Defensa del Congreso de la República, resaltar las bondades del nuevo Código de Consumo, norma que actualmente es revisada por una comisión especial del congreso; al respecto, comentaré las críticas realizadas al consumidor diligente en las declaraciones mencionadas.

Los defensores del Código de Consumo tienen como carta de presentación una dura crítica hacia el concepto de “consumidor diligente” ¿Qué pasa con el consumidor diligente? Según ASPEC, este consumidor no existe, al menos no en nuestro país, donde el consumidor promedio es uno extremamente confiado y apurado, quien toma sus decisiones a la ligera y casi siempre es llevado por la publicidad; la cual, para el respetado doctor de ASPEC, en nuestro país es un demonio, que atrapa al consumidor y lo vuelve indefenso. Bajo esta perspectiva, sería necesario que se elimine la palabra diligente o razonable de nuestra legislación en pro de salvaguardar a los consumidores de los abusos del malvado empresario, quien está siempre atento para engañar y abusar del débil.

Cuestionables declaraciones las de ASPEC, asociación que respeto; sin embargo, creo está dejándose llevar por la emoción y algarabía de una promesa política, totalmente fuera de lugar, realizada por nuestro presidente el día 28 de Julio del año pasado. La finalidad de la propuesta es bastante obvia, es una promesa presidencial dirigida a crear cierta satisfacción y esperanza en todo aquel que se considere consumidor -creo que todos-, quién a partir de la vigencia del código ya no se vería engañado ni perjudicado por algún mal servicio o producto defectuoso. Claramente tenía que venir de un político.

Es cierto que existen muchos abusos al consumidor en nuestro país, para muestra un botón: La gran carga procesal de la Comisión del INDECOPI, encargada de resolver estos problemas. Sin embargo, también existe una legislación para estos problemas -a mi parecer eficiente-, me refiero al TUO de la Ley de Protección al Consumidor. Usted se podría preguntar: si ya tenemos una ley ¿Por qué los abusos persisten? , he aquí el detalle, por muchas razones, celeridad procesal en la administración pública encargada (falta de personal), falta de educación al consumidor y hasta el malestar causado por la imposibilidad de conseguir una indemnización al término del proceso administrativo. Problemas que no serán resueltos tan fácilmente con un Código de Consumo.

Es aquí donde discrepo con ASPEC, la cual ha mencionado que Perú necesita educar al consumidor , ¡Gran verdad!; sin embargo, esto no lo lograremos protegiéndolo hasta los dientes con hojas de reclamos (tampoco son malas), sino requiriéndoles cierto grado de diligencia en sus consumos, que no debe ser exagerado sino proporcional al servicio o producto que va a contratar. Por lo tanto el consumidor que se sienta demasiado protegido y poderoso no será necesariamente el consumidor responsable que petendemos formar.

Por otro lado, es cierto que existen empresas abusivas que brindan un pésimo servicio, ¿Cuál es la solución? No acudamos más a dichas empresas, ¡Vamos! el único caso en que una empresa abuse de nosotros sin que podamos hacer nada al respecto, es en un monopolio, pero no en todos los sectores tenemos esa situación. Para los casos de engaño y falta de información ya tenemos una ley.

No olvidemos que nuestro mercado es libre, regido por la oferta y la demanda, no es un infierno donde los empresarios abusan de nosotros. Creo ya tenemos una respuesta a nuestros problemas cuando alguna empresa pretende abusar de nosotros, proporcionádonos un producto que no cumple con lo que se publicitó, recargando montos mayores a los informados, disminuyendo el tamaño de la letra en los contratos, etc.

Desde el punto de vista ecónomico, proteger al consumidor “ordinario”, palabra que utilizan algunos para referirse al consumidor “no diligente”, significa trasladar los costos de la irresponsabilidad de “algunos” al empresariado o al Estado. Es deducible que ante este panorama los empresarios no van a asumir los costos del gran número de denuncias de consumidores irresponsables, sino que dividirán dichos costos entre todos sus clientes (diligentes o no). El consumidor irresponsable siempre estará insatisfecho y la experiencia nos ha enseñado que un Estado paternalista no funciona.